El Auto que paraliza la exhumación del dictador avergüenza a los juristas

Enviado por Naujoël el Sáb, 22/06/2019
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El TS avergüenza a los juristas

Haciendonos eco del comunicado de "Juezas y Jueces para la Democracia", el cual puedes leer íntegramente en esta dirección y a grandes rasgos:

  1. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TS ha suspendido cautelarmente el Acuerdo del Consejo de Ministros para la exhumación del dictador.

  2. La Sala justifica la suspensión en el perjuicio que pudiera ocasionar a la familia una hipotética invalidación futura del Acuerdo de exhumación; ¿pero qué perjuicio si esos restos están en suelo público de forma indebida y lo que se está intentando es corregir la situación anómala?

  3. El Auto otorga al dictador el tratamiento de Jefe de Estado desde 1 de octubre de 1936; ¿dónde han buscado esta información, en la enciclopedia particular del dictador o qué?

  4. Por último, del Auto se desprende un sobreproteccionismo de la memoria del dictador y de los intereses de la familia del dictador, contra natura y faltando a la verdad histórica.

¿Por qué genera vergüenza ajena este Auto?

La deontología jurídica obliga al jurista a respetar los principios éticos profesionales internos del Estado español, así como los de la Unión Europea y faltar a la verdad atenta directamente a estos principios.

No obstante, un error sería entendible y quedaría en pura anécdota. Sin embargo, no parece que el tratamiento otorgado al dictador venga de un error sino de algo peor.

Todo parece indicar que la introducción del tratamiento de Jefe de Estado al dictador cuenta con la agravante de capciosa, pues intenta apoyar una decisión inconsistente en un dato inexacto.

Durante la época en que la República luchó por mantener la democracia, se creó un "no se qué" paralelo, ilegítimo e ilegal que emitía "boletines oficiales" (oficiales de la ilegalidad) paralelos a los legítimos de la República, emitía sellos paralelos a los legítimos de la República, ... y en fin, nombraba Jefes de Estado paralelos a los de la República.

Obviamente, si los hechos fueron:

  1. En 1931 España vivía en democracia;

  2. En 1936 el ejercito atenta contra la democracia española mediante un golpe de Estado;

  3. En 1936 el Pueblo español lucha por mantener la democracia

  4. En 1939 la irresponsabilidad del ejercito español había costado cientos de miles de vidas (cosa que se hubiera podido evitar si para ser general del ejercito se exigiera el Título de Derecho).

no cabe la posibilidad por más "boletines oficiales" que se emitan de lavar la historia enblanqueciendo al dictador hasta el punto de hacerlo Jefe de Estado en plena democracia española. Las cosas son lo que son y no lo que el Tribunal Supremo quiera que sean.

En otras palabras, el golpista no dejará de serlo por más "boletines oficiales" (ilegales) se hubieran emitido, ni tampoco quedará libre de culpa por la gracia de un "boletín oficial" (ilegal) quien ordenó el bombardeo de Guernica, ni de repente resultará que fue un héroe a través de un "boletín oficial" (ilegal) quien aprobó la masacre de la carretera Málaga-Almería, ni aquel que expatrio a los exiliados españoles que huían a Francia y cayeron en manos nazis o encerrados en la playa de Argelés-Sur-Mer (Francia), ..., ni quien provocó un retraso socio-económico a la nación española por desarrollar una autarquía, ni quien implantó un nacional-catolicismo clasista que favorecía a los simpatizantes del régimen en detrimento de la gran mayoría que carecía del bienestar básico que gozaban los países de nuestro entorno, etc., ni aquel que robo el futuro a una República que hubiera escrito su historia a fuerza de elecciones democráticas, ni quien nos alineó con el bando perdedor en la II Guerra Mundial. En definitiva, ese señor del que usted me habla fue lo que fue y no lo que usted quiera que fuera.

Quizás el Auto del TS sea un rasgo que delata la necesidad de un proceso que decida sobre lo que fueron y no fueron los actos del ejercito golpista. Este proceso podría empezar por hallar los cuerpos anónimos enterrados en el territorio nacional, darles sepultura digna y resolver sobre qué estuvo bien y qué estuvo mal en aquel entonces.

Pero si lo anterior les parece muy complicado, pueden simplificarlo añadiendo un nuevo delito al Código Penal, el delito de enaltecimiento del dictador. Con esto se compensaría, al menos en parte, el daño causado a los familiares de las víctimas del ejercito golpista.

No parece que este nuevo delito sea un disparate, pues si buscamos el significado de "terrorista" encontramos que significa "el que practica la forma de lucha política violenta", es decir, lo que hizo el ejercito golpista, "la lucha política violenta". Si damos por válida esta analogía, ya cabría considerar al ejercito golpista de 1936 como una "banda terrorista" y el enaltecimiento del dictador sería delito de enaltecimiento del terrorismo.

Si la analogía sigue siendo buena, la lucha entre Euskadi Ta Askatasuna (ETA), grupo fundado en 1958 a quien se le atribuye el mérito de ser el único capaz de reunir el valor suficiente para enfrentarse a la opresión, y el dictador, fue en realidad una lucha entre terroristas, convirtiendo el conflicto Dictador-ETA en un conflicto armado donde dos bandos tienen opiniones enfrentadas. Ni uno ni otro deberían tener mayores razones para ser más o menos digno de sus pretensiones. Sin embargo, hoy el enaltecimiento de ETA es delito y el enaltecimiento del dictador todavía no.

No obstante, lo dicho falla en que no se permite la analogía en Derecho Penal, los delitos han de estar tipificados en el Código Penal para ser condenados.

En cualquier caso, volviendo al inicio, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TS ha conseguido colar un gol por la escuadra al Pueblo español con la decisión de suspender la exhumación del dictador, sin embargo la decisión es inconsistente y genera vergüenza ajena entre los juristas.